Hasta que por fin la Contraloría General de la República puso sus ojos en PROSPERIDAD SOCIAL por actuaciones de sus directivos
Bogotá D.C., febrero 02 de 2024
Lamentable resulta para el país, para la Entidad, para nosotros los servidores públicos, pero por sobre todo, para la población vulnerable, víctima del conflicto y en situación de pobreza a la cual le debemos garantizar la efectividad de los beneficios de los programas que ofrece Prosperidad Social con criterios técnicos, objetivos, incluso justos y reparadores socialmente hablando, el hecho de que presuntamente, de manera subrepticia, se haya consolidado una estrategia corrupta por parte de exdirectivos de la Entidad incluyendo al anterior director general Pierre Eugenio García Jacquier, a través de contratación impúdica con la que, al parecer, se redireccionaron recursos a cargo de nuestra Entidad, con fines políticos.
Sin embargo, recordemos que ésta no es la primera vez que por las actuaciones poco éticas de exdirectivos de la Entidad, Prosperidad Social se convierte en noticia. Hace 5 años, Susana Correa Borrero, en su calidad de directora de Prosperidad Social, convirtió a nuestra Entidad en noticia nacional cuando en pleno debate de un proyecto de Ley presentado por el anterior gobierno, le indicaba a los senadores que de no contar con su voto favorable, jamás sus regiones accederían a recursos de Prosperidad Social1. Con su cuestionable actuación, dejó claro para todos, que para acceder a los recursos públicos que debían dirigirse a los más pobres del país, según ella, sólo requerían canjear su voto.
Tal instrumentalización de la Entidad con fines de sustracción de recursos públicos como forma de financiamiento fraudulento de proyectos electoreros, resultaría criminal como revictimizante, porque no solo reproduce una espiral de corrupción estatal, sino que, también, profundiza las brechas socio económicas y las trampas de pobreza que tanto deseamos superar.
De comprobarse la ocasión de tal actuación de la cual existen serios indicios, que los órganos de control han obtenido, resultará doblemente condenable tanto por el hecho en sí, como por las repercusiones sociales que implica.
En alguna oportunidad SIESSOCIAL controvirtió la exposición del señor García respecto a los avances ficticios de la lucha contra la pobreza cuando se jactaba de obtener logros en consecuencia a su preocupación por la población en esta situación, pero, además, le señaló en su momento el dramático aumento de contratación desbordada y sin sentido al final de su periodo gerencial, del cual fueron agentes pasivos los directivos que compartieron cargos en el anterior gobierno.
Por lo anterior, respaldamos la acción institucional de las Entidades de control del Estado, para evitar que situaciones deleznables como estas, cuya comisión se va evidenciando poco a poco, vuelvan a afectar lo público, a la población objeto de nuestros programas y a nosotros como servidores garantes de los derechos de los ciudadanos para los cuales trabajamos. Estaremos atentos a apoyar las acciones necesarias en este sentido, invitamos a la Contraloría General de la República a que efectivamente se investigue profundamente ese entramado de corrupción hasta sus verdaderas raíces y confiamos que los resultados generados de tales pesquisas conlleven las sanciones pertinentes y contundentes que cohíban en el futuro a quienes pretendan convertir nuestra Entidad en una fuente inacabable de su propia riqueza o de financiamiento de sus proyectos personales.
Invitamos a las Directivas de la Entidad a mantener informados a sus funcionarios acerca de esta situación, los avances o novedades de esta investigación ya que sus efectos nos atañen, pues somos también víctimas de quienes, en su momento, han asumido la Dirección de la Entidad y sus dependencias para saquear los recursos públicos, enlodando nuestro nombre, mérito, vocación de servicio e irrespetando a la función pública reflejada en el quehacer que día a día adelantamos en pro del bienestar de los colombianos.
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