La CUT y SIESSOCIAL se pronuncian frente al proceso de reorganización institucional del sector de inclusión social y reconciliación: garantías laborales, eficiencia administrativa y continuidad de la política pública
El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, y La Junta Directiva de SIESSOCIAL, en representación legítima de las servidoras y los servidores públicos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se permite manifestar ante el país, los honorables Congresistas de la República y las máximas autoridades del Gobierno Nacional, lo siguiente:
Reconocemos que el país enfrenta un escenario excepcional en el cual concurren dos vías legítimas para garantizar la continuidad de la política pública de inclusión social en Colombia. De una parte, la vía legislativa orientada a la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad; y de otra, una vía administrativa dirigida a la reorganización institucional del sector, conforme a los principios de eficiencia, coordinación y continuidad del servicio público previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. En este contexto, nuestro pronunciamiento se enmarca en la defensa responsable de la continuidad, la eficiencia administrativa, la protección de los derechos laborales, la necesidad de asegurar que cualquier decisión adoptada garantice la estabilidad laboral, el respeto a la carrera administrativa y la eficiencia en la prestación del servicio público, especialmente en entidades que han demostrado capacidad operativa y resultados verificables en la implementación de la política social. Reiteramos que nuestra actuación se orienta por criterios técnicos, institucionales y de defensa del interés general, en estricto respeto de los principios de neutralidad y legalidad que rigen la función pública, particularmente en el actual contexto electoral del país.
En este escenario, resulta fundamental reconocer que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social constituye una capacidad institucional estratégica del Estado colombiano, construida a lo largo de más de siete décadas de evolución de la política social. Desde los primeros modelos de asistencia estatal hasta la consolidación actual del sector de inclusión social y reconciliación, el país ha desarrollado una entidad con experiencia técnica, presencia territorial y capacidad operativa para atender a millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Los resultados recientes evidencian esta solidez: millones de hogares beneficiarios de transferencias monetarias, altos niveles de ejecución presupuestal y cobertura nacional en programas de inclusión productiva, seguridad alimentaria y acompañamiento familiar. En consecuencia, cualquier proceso de reorganización institucional debe partir del reconocimiento de estas capacidades acumuladas, con el fin de evitar la fragmentación de funciones, la duplicidad de estructuras y la afectación de la eficiencia en la prestación del servicio público. Prosperidad Social constituye una entidad al servicio del interés general, cuya trayectoria ha trascendido distintas administraciones y se sustenta en la experiencia, el conocimiento técnico, el mérito y el compromiso de su talento humano, en coherencia con los principios constitucionales que rigen la función pública, elementos que han permitido consolidar una capacidad institucional efectiva al servicio de la inclusión social en Colombia.
La CUT y SIESSOCIAL, en ejercicio de su función constitucional de defensa de los derechos de las y los servidores públicos y de la garantía del interés general, nos permitimos fijar una posición técnica frente al actual proceso de reorganización institucional derivado de la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional.
Como empleados/as del DPS, somos quienes hemos diseñado, ejecutado y sostenido la memoria histórica, técnica y operativa de la superación de la pobreza y la atención a poblaciones vulnerables en Colombia. Con base en este conocimiento profundo del territorio y de la administración pública, advertimos con firmeza las siguientes razones de orden legal, técnico y social:
IMPLICACIONES SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA
El actual proceso de reorganización institucional del sector de la inclusión social y la reconciliación plantea desafíos relevantes en materia de seguridad jurídica, particularmente en lo relacionado con la estabilidad laboral, la protección de la carrera administrativa y la aplicación del principio del mérito, conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política. En este sentido, resulta necesario que cualquier decisión de reestructuración garantice reglas claras, previsibles y respetuosas de los derechos adquiridos de las y los servidores públicos.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES
El análisis de las alternativas institucionales en discusión debe considerar de manera prioritaria la preservación de las capacidades técnicas, operativas y territoriales que han permitido la implementación efectiva de la política pública de inclusión social. La eventual redistribución de funciones debe evitar afectaciones en la continuidad del servicio y en la atención a la población vulnerable, garantizando que los procesos de transición no generen interrupciones o retrocesos en los programas sociales.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL
El rediseño del sector de inclusión social exige una evaluación rigurosa de las competencias asignadas a cada entidad, con el fin de evitar duplicidades, traslapes funcionales o ineficiencias en la asignación de recursos públicos. En este sentido, resulta fundamental asegurar que las decisiones institucionales se orienten por criterios de eficiencia, economía y coordinación administrativa, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política.
Por todo lo anterior, en ejercicio legítimo de nuestra actividad sindical, de la defensa del patrimonio público y de los derechos de los servidores del Estado, de manera respetuosa pero enérgica, EXIGIMOS Y SOLICITAMOS:
- A los Honorables Congresistas de la República: Solicitamos que el trámite legislativo en curso relacionado con la reorganización del sector de inclusión social se adelante con base en criterios técnicos, evidencia institucional y análisis de impacto, garantizando que las decisiones adoptadas preserven la eficiencia administrativa, eviten la duplicidad de funciones y aseguren la continuidad en la prestación de los programas sociales dirigidos a la población vulnerable. Así mismo, instamos a que se incorporen disposiciones claras que protejan la estabilidad laboral, la carrera administrativa y los derechos adquiridos de las y los servidores públicos del sector.
- Al Gobierno Nacional y al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP): Detener de inmediato cualquier intento de reestructuración por decreto o vía proposición exprés. Garantizar que cualquier proceso de reorganización institucional se adelante con plena observancia de los principios de legalidad, seguridad jurídica, coordinación administrativa y respeto por la carrera administrativa, asegurando la estabilidad laboral, la no desmejora de condiciones salariales y prestacionales, y la protección de los derechos adquiridos de las y los servidores públicos.
- Exigimos la instalación inmediata de una mesa de diálogo técnico-sindical directa con SIESSOCIAL para revisar de forma conjunta a fondo el impacto de los escenarios de reorganización institucional, exigiendo que el mérito, la estabilidad de las plantas de personal y la carrera administrativa sean respetados de forma absoluta bajo actas vinculantes.
- Solicitamos que los procesos de transición institucional se desarrollen bajo criterios de planeación técnica, gradualidad y transparencia, evitando la fragmentación de funciones, la duplicidad de estructuras y cualquier afectación en la prestación del servicio a la población vulnerable.
- Instamos a que las decisiones institucionales se fundamenten en evidencia técnica, resultados verificables y criterios de eficiencia administrativa, reconociendo las capacidades acumuladas del Estado colombiano en el sector de inclusión social.
Los empleados y empleadas de Prosperidad Social respaldamos con convicción las políticas orientadas a alcanzar la equidad y la justicia social en el país; sin embargo, tenemos la certeza histórica de que estas metas no se construyen destruyendo los derechos laborales adquiridos, precarizando la carrera administrativa, ni debilitando las instituciones técnicas que sostienen la red de protección social de Colombia.
Nos declaramos, a partir de la fecha, en estado de alerta informativa, académica y de movilización pacífica, y hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sindicales, a las centrales obreras y a los trabajadores del sector social a unirse en una sola voz en defensa de nuestra estabilidad y de la misionalidad del DPS.
¡Por la defensa innegociable de los derechos de los trabajadores y la eficiencia de la política social!
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