No es un buen momento para los servidores públicos del ejecutivo en Colombia. Por más sorprendente que parezca, si se tiene en cuenta y se le sostiene la credibilidad al discurso del gobierno actual, es un momento incluso más difícil para los trabajadores sindicalizados. En unas horas, apenas despunte el viernes 31 de mayo, los sindicatos del Ministerio del Trabajo comenzarán una huelga por la que votaron masivamente sus afiliados y no afiliados. La diferencia en la votación que la aprobó es tan contundente, que expresa matemáticamente la insatisfacción con las condiciones en el espacio desde donde se vela por las garantías laborales de los trabajadores colombianos. Quizá sea la expresión más paradójica de una situación general; insospechadamente general para un proyecto de gobierno que ejerce o ejercía representación también de las organizaciones sindicales del país, y que tiene en sus cargos asesores a funcionarios formados en el sindicalismo nacional.
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Una serie de recientes hechos y declaraciones alrededor de Prosperidad Social desemboca inevitablemente en
una pregunta central para sus servidores públicos y para millones de hogares, que todavía requieren de su papel
central: ¿cuál es realmente la agenda que desde Presidencia se trazó para la entidad?
En menos de 2 años hemos tenido:
● 3 directores generales.
● 3 secretarios generales.
● 3 subdirectores de Programas y Proyectos.
● 5 directores de Infraestructura Social y Hábitat.
Y esto sin hacer mención de los cambios de directores regionales, jefes de oficina y otros directivos.
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